El 16 de mayo de este año, se confirmó un caso de gripe aviar en una granja comercial en el municipio de Montenegro, en el estado de Rio Grande do Sul. La mera divulgación de este único caso el 22 de mayo fue suficiente para que China, la Unión Europea y Chile suspendieran temporalmente las importaciones de pollo brasileño bajo el protocolo de vacío sanitario. Dos meses después, el gobierno federal brasileño continúa trabajando con el mercado internacional para restaurar la confianza en la seguridad sanitaria de la producción avícola del país.
En este contexto, se evidencia la importancia de un imperativo común en todos los subsectores del agronegocio: la trazabilidad de la cadena productiva.
El agronegocio brasileño, un pilar sólido de la economía nacional y uno de los mayores productores de alimentos del mundo, se encuentra en un punto de inflexión estratégico. La sostenibilidad y la trazabilidad, antes vistas como diferenciales competitivos, ahora son requisitos indispensables para el acceso a los mercados, tanto nacionales como internacionales.
Aunque Brasil es un ejemplo mundial en la adopción de prácticas agrícolas sostenibles —como la siembra directa y el uso de bioinsumos—, aún queda mucho por avanzar en la implementación de sistemas de trazabilidad impulsados por tecnologías como blockchain. El país se destaca por sus indicadores de sostenibilidad: más del 55% de los agricultores utilizan productos biológicos para el control de plagas y enfermedades, superando las tasas de adopción de la Unión Europea y Estados Unidos. Más del 80% de las fincas aplican el Sistema de Siembra Directa (SPD), que preserva el suelo y reduce las emisiones de carbono. El modelo de Integración Cultivo-Ganadería-Bosque (ILPF) abarca 18 millones de hectáreas, con proyección de duplicarse para 2030, y Brasil es referencia mundial en logística inversa de envases vacíos de agroquímicos, con 100% recolectado y 97% reciclado.
En la ganadería, Brasil combina crecimiento productivo con sostenibilidad: la productividad por unidad de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) creció 3,92% en la ganadería y 3,93% en la agricultura entre 1990 y 2020.
A pesar del progreso notable, los desafíos son múltiples. Económicamente, la implementación de prácticas sostenibles y tecnologías de trazabilidad implica altos costos iniciales, percibidos como una barrera significativa, especialmente para pequeñas y medianas empresas. Un estudio de Embrapa indica que el costo de invertir en soluciones digitales “asusta” al 67% de los productores. Faltan incentivos específicos para las tecnologías de trazabilidad, y las altas tasas de interés junto con la volatilidad económica desincentivan las inversiones a largo plazo.
Además, un déficit de 122 millones de toneladas en capacidad de almacenamiento de granos y la falta de logística moderna exponen las cosechas a riesgos climáticos y plagas, afectando la rentabilidad y la sostenibilidad económica.
En el ámbito regulatorio, el panorama es complejo y está en constante evolución, exigiendo una adaptación continua. Nuevas presiones internacionales, como la Ley Antidesforestación de la Unión Europea (EUDR), imponen requisitos estrictos a las exportaciones brasileñas, pudiendo generar barreras no arancelarias y afectar negativamente las perspectivas de exportación. A pesar de las normativas existentes, la fiscalización es insuficiente, especialmente entre pequeños productores e intermediarios, lo que puede comprometer la efectividad de la trazabilidad.
Desde el punto de vista técnico, la baja conectividad rural —con solo 30% de las propiedades rurales conectadas a internet— limita severamente el uso de tecnologías de comunicación, agricultura de precisión y trazabilidad. Además, existen problemas en la gestión de datos, con información incompleta o no estandarizada en diferentes etapas de la producción, lo que dificulta la integración eficiente entre los actores de la cadena.
En el ámbito social, los bajos niveles educativos y la escasa asistencia técnica entre pequeños productores dificultan la adopción de sistemas complejos de trazabilidad y sostenibilidad. Muchos expresan preocupación por el uso de sus datos personales y comerciales dentro de la cadena de valor, temiendo prácticas desleales o dependencia de proveedores tecnológicos.
El desperdicio de alimentos también es un problema grave: se estima que 6% de las pérdidas alimentarias mundiales ocurren en América Latina, donde aproximadamente 15% de los alimentos disponibles se pierden o desperdician cada año. Los conflictos de tierras representan otra amenaza para la producción de alimentos y la sostenibilidad ambiental, añadiendo opacidad a las cadenas y contribuyendo a la inseguridad alimentaria.
Para grandes empresas del agronegocio como BRF (ganadería y frigoríficos) y Amaggi (soja y commodities agrícolas), la trazabilidad y la sostenibilidad impactan directamente en la gestión de ingresos. Poder demostrar un origen sostenible y libre de deforestación es esencial para acceder a mercados premium y superar barreras no arancelarias como las impuestas por la EUDR.
En la producción de proteína animal, la trazabilidad detallada en la ganadería y los frigoríficos es crucial para gestionar los riesgos sanitarios y de calidad. Un recall eficiente, habilitado por la trazabilidad, reduce pérdidas financieras y protege la reputación de la marca en casos de contaminación. Esto genera mayor confianza del consumidor, cada vez más orientado hacia productos transparentes y responsables, y permite cobrar precios más altos por productos con certificación sostenible.
En un escenario de crecientes exigencias por sostenibilidad y trazabilidad, y con una competencia global cada vez más intensa, la capacidad de adaptación e innovación es vital.
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